Pleno Ayuntamiento Murcia Julio 2015

Moción conjunta de Juan Vicente Larrosa (PSOE) y Sergio Ramos (Cambiemos Murcia) proponiendo la retirada de la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de Seguridad Ciudadana

El PP aprobó el pasado 11 de diciembre, en solitario, su Ley de Seguridad Ciudadana con la oposición frontal del PSOE. Se trata de una «ley mordaza» que rompe el espíritu de la Constitución y que el PSOE procederá a derogar en cuanto regrese al Gobierno. Esta ley no sólo no ha contado con el respaldo parlamentario de los partidos de la oposición sino que ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por una amplia mayoría de los mismos: el PSOE ha promovido el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de Seguridad Ciudadana, junto con Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA), UPyD, Compromís-Equo, y Coalición Canaria.

No existe una demanda social para una norma absolutamente innecesaria, que supone un recorte de derechos políticos y civiles recogidos en la Constitución, por lo que lo único que busca el Gobierno es un retorno al Estado policial.

Rajoy está demostrando ser el presidente más retrógrado de la democracia española, está legislando solamente para la derecha más extrema y está aprobando recortes en derechos y libertades en cada Consejo de Ministros que se celebra. Es evidente que el Gobierno tiene miedo a la contestación social, le molesta y convierte a la ciudadanía que protesta en ciudadanos y ciudadanas bajo sospecha. La ley mordaza es una ley desmesurada y desproporcionada, tanto por las restricciones que contempla como por el agravamiento de las cuantías de las multas. Busca castigar más ofreciendo menos garantías jurídicas a la ciudadanía.

Con esta ley, por citar varios ejemplos, se podrá castigar con hasta 30.000 euros una manifestación para impedir un desahucio o con hasta 600 euros las faltas leves, que son las más comunes. Se podrá multar a quien difunda imágenes de antidisturbios golpeando sin necesidad a manifestantes, o considerar una amenaza a la seguridad ciudadana negarse a mostrar el DNI. Además, quienes participen en una manifestación espontánea, esto es, no notificada previamente a la Delegación del Gobierno –cosa que ocurre en el 50% de las protestas- podrán ser también multados.

Al Gobierno del PP le molesta la gente en la calle, pero el problema no son los ciudadanos y ciudadanas que critican la acción del Gobierno y sus políticas antisociales. Si la derecha gobernante quiere frenar las protestas sociales que tanto les perturban, lo que debe hacer es rectificar su política económica y echar freno a la desigualdad, pero no arremeter contra el ciudadano que protesta en la calle. Con esta ley, el PP demuestra que no acepta el derecho a la queja y a la discrepancia.

Es evidente que con la excusa de la crisis, el PP ha recortado los derechos sociales. Ahora, con la excusa de la seguridad, busca cercenar las libertades políticas y civiles. Un nuevo recorte de derechos que se suma a los ya perpetrados durante estos tres años del PP en educación, sanidad, derechos laborales, justicia.

Los socialistas seguiremos trabajando para preservar la cohesión social, la libertad y la igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía, impulsando desde los municipios las prestaciones necesarias de servicios sociales y promoviendo la reinserción social de las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Medidas de prevención, que, desde las entidades locales, pueden asegurar el deseable bienestar de nuestra ciudadanía y el aseguramiento de sus derechos y libertades, y ayudar a «minimizar» el efecto de la mal llamada Ley de Protección de Seguridad Ciudadana.

Por estas razones planteamos que el PP retire la «ley mordaza», porque lima la cohesión social, cuestiona frontalmente el Estado de Derecho y limita los derechos y las libertades de ciudadanía que hemos conquistado en estos años de democracia desde que se aprobó la Constitución en el año 1978.

PRIMERO.- Solicitamos un debate consensuado entre todas las fuerzas políticas, para la elaboración de un texto que regule la materia de seguridad ciudadana, incluyendo, en el debate así mismo, la Reforma de la Ley 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, superada y obsoleta en muchos de sus aspectos, así como la Ley Orgánica General Penitenciaria. Todo ello, con el objetivo, de reformar con carácter integral, todos aquellos aspectos relacionados con la seguridad, que deberá
conformar un amplio debate social, enfocado no únicamente desde los tradicionales aspectos reactivos sino y fundamentalmente, preventivos, enfocando el análisis del delito y su contención, como un problema social que abarca variables socioeconómicas y que requiere un amplio trabajo de carácter transversal.

SEGUNDO.- Dar traslado del acuerdo al Gobierno de la Nación y a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de Diputados.

La moción conjunta fue aprobada por dieciséis votos a favor cinco de ellos del Grupo Socialista, cinco del Grupo Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia y doce votos en contra del Grupo Popular.

Acta Pleno 31/07/2015